No más Uber en Buenos Aires: justicia ordenó suspender su actividad en la capital argentina
El inicio de actividades de la aplicación provocó ayer cortes simultáneos por toda la ciudad como forma de protesta de los taxistas.
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La justicia ordenó hoy al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que arbitre "las medidas" para suspender cualquier tipo de actividad que desarrolle la empresa de transporte privado de pasajeros Uber o cualquier sociedad bajo ese nombre, informaron fuentes judiciales del país trasandino.
La aplicación móvil Uber, que está presente en 400 ciudades de 70 países, comenzó este martes a operar en la capital argentina y permite solicitar, hacer un viaje con un conductor particular y pagar con tarjeta de crédito, además de que las tarifas suelen ser menores a las de los servicios convencionales de taxi.
Este inicio de actividades provocó el martes cortes simultáneos por toda la ciudad como forma de protesta de los taxistas, que presentaron un recurso de amparo ante la Justicia para evitar la implementación de la aplicación.
Es así que el Consejo de la Magistratura de la capital señaló hoy que la suspensión solicitada al cobierno capitalino se extenderá hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el recurso de amparo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis de Buenos Aires.
"Además se requirió a la Agencia Gubernamental de Control que informe si la empresa presentó algún pedido de habilitación para el servicio", indicó la institución.
El pasado 27 de marzo se lanzó la convocatoria en Argentina para entrevistar a conductores y lanzar las operaciones en la capital, y en solo dos días recibió más de 10.000 solicitudes para su oferta de empleo.
"No han presentado ninguna documentación, no tenemos ningún registro de la compañía para operar. Con lo cual estarían incumpliendo la normativa y brindando un servicio de transporte que es ilegal", aseveró este martes el secretario de Transporte de la ciudad, Juan José Méndez.
En algunos países, como en Francia y Uruguay, Uber ha suscitado polémica con los taxistas, que lo consideran competencia desleal, y con las autoridades locales, en las ciudades donde hay un vacío de regulación para este tipo de servicios.